Allamand hace agua

La semana pasada, el senador Andrés Allamand, de Renovación Nacional, divulgó un video donde critica la reforma educacional y lo que se pretende con ella. Al final del mensaje, convoca a un diálogo político, sin exclusiones de color político, para resolver algo que podría tornarse conflictivo.

Discrepo. Y hay seis frases de ese video que plasman errores e inexactitudes que es preciso apuntar para tener en cuenta.

1) «Error 1. La educación particular subvencionada es hoy la alternativa preferida de la mayoría de los padres y apoderados». (5 000 colegios, 1 800 000 estudiantes.)

1.1.) La preferencia masiva por un producto o servicio no determina este sea el de mejor calidad. Aunque parezca una vergonzante redundancia, lo único que determina la masividad de algo es… su masividad, es decir, sólo determina el hecho de que muchas personas están dispuestas a preferir a A por sobre B. Nada más. Calidad, lo dudo.

Es posible que una persona consuma lo que estime más conveniente a partir de las posibilidades pecuniarias y cognitivas que disponga en el momento de su elección. Reitero: se trata de «lo más conveniente», lo cual no tiene por qué ser «lo mejor»; ni siquiera «el óptimo».

Ups. Se me acaba de escapar en el párrafo anterior un verbo prohibido: «consumir». Y, ups, no es algo antojadizo. Hablar del hecho de que una opción es mejor que otra según su masividad tiene que ver con consumo. Y avalar este criterio reafirma solapadamente el desafortunado dicho del expresidente Sebastián Piñera, en cuanto a que la educación «es un bien de consumo».

Entonces, la pregunta no debería ser por qué nos quieren quitar la educación subvencionada, sino por qué permitimos que sea políticamente aceptable que la educación subvencionada reduzca sus fines a criterios de bienes de consumo (en vista de que el senador avala la educación subvencionada en tanto que masiva).

Por extensión, las preguntas pendientes vendrían a ser las siguientes en el orden que se señalan: ¿Qué hace a una escuela subvencionada más deseable que una escuela pública? ¿Será la infraestructura? ¿Serán las faldas a cuadros de las niñas? ¿Será la exclusión que hace el financiamiento compartido sobre el poder de compra de otros vecinos? ¿Será la facilidad de cancelar matrículas, so pretexto de mantener la disciplina? ¿Será que las cuatro preguntas anteriores forman una estética aséptica que resulta más seductora como producto?

¿Es responsable avalar esto, políticamente? Si el senador no habla de la calidad de las escuelas subvencionadas, dado que este argumento ha sido sumamente controvertible, nos quedan las percepciones de los padres que matriculan a sus hijos en las escuelas subvencionadas. Si hay escuelas subvencionadas cuyos resultados son semejantes a las públicas, podemos inferir que no se trata de criterios de calidad, sino de criterios formales, más cercanos a los estéticos para distinguirse entre unas y otras familias dentro de un mismo sector geográfico.

2) «Error 2. El financiamiento compartido se justifica para que existan mejores colegios y es necesario que se mantenga mientras la subvención del Estado sea tan baja».

2.1.) Si el Estado logra empatar el financiamiento compartido en la subvención escolar universal, este punto se cae solo. Y la lucha política debería ser por alcanzar dichos montos.

¿Longueira o corteira?

3) «Los colegios están obligados por ley a no discriminar a las familias que postulan. Esa obligación debe cumplirse al pie de la letra. (…) Pero es un error (…) que las familias postulen frente al Ministerio y no frente al colegio».

3.1.) Como la obligación de no discriminación no puede ser fiscalizada y penalizada efectivamente (por lo cual termina quedando su aplicación solamente a criterios de buena fe), es necesario imponer administrativamente un ente que arbitre y garantice que los diferentes postulantes a un mismo establecimiento no sean segregados ni discriminados por ninguna razón.

¿Cuál criterio es más justo? ¿Que tenga un hermano o pariente estudiando en el mismo establecimiento? ¿Que los padres acampen afuera del colegio y resolverlo por orden de llegada? ¿Una prueba de selección? ¿Entrevista con los padres?

¿Ven? La garantía de igualdad de condiciones está en una tómbola, mal les pese.

La postulación centralizada permite una forma ciega de elección. Además, el sistema habilitará a los padres a postular en más de un establecimiento, garantizando así que siempre caigan en uno, en la medida que alguno de ellos (en el peor de los casos) tendrá menor oferta que demanda. Y el Estado, contrariamente a lo que se dice, no actuará como un interventor de voluntades (no se trata de los dioses deliberando por el destino de Odiseo), sino como un simple e imparcial árbitro.

4) «Es injusto terminar con la admisión por mérito. Así, se van a terminar los mejores colegios públicos, partiendo por el Instituto Nacional. Peor aún, se va a terminar con el premio al esfuerzo que debe existir en todo sistema educacional».

4.1.) La admisión por mérito permite separar a alumnos de alto rendimiento, sobre el supuesto de que la competencia facilita sus aprendizajes. Este concepto nos lleva a formas de enseñanza basadas en el canibalismo y en la supresión de la colaboración entre pares, premiando el logro privado más que la solidaridad en el conocimiento. Y lo hace desde dos prejuicios: que el alto rendimiento debe premiarse como un triunfo para la movilidad social; y que los demás integrantes de un establecimiento formativo son «el resto», condenados a vidas inferiores.

4.2.) Los establecimientos de alto rendimiento no tienen fin vocacional, sino son el medio para un fin vocacional. Por ello, no serían iguales a un establecimiento técnico-profesional (en caso de que la reforma se acuerde de este sector tan alejado) o a posibles establecimientos de desarrollos artísticos o deportivos: en ellos sí se cultivaría una vocación ulterior, una cuestión que motive sus vidas en un sentido profesional.

4.3.) Contrariamente a lo instalado por un discurso furiosamente exitista, el Instituto Nacional no es un baluarte de la educación pública por los resultados académicos que promueve. El Instituto Nacional devino en baluarte en tanto que ha representado principios de inclusión social, formación ciudadana y vocación por la libertad de pensamiento.

Sin embargo, el resultadismo ha subvertido la vocación por la libertad de pensamiento, jibarizándola a una vocación por lograr altas evaluaciones mediante el uso del pensamiento. Con ello, lo intelectual se constriñe a lo prescrito por planes, programas y evaluaciones estandarizadas.

La vanguardia que caracteriza a los establecimientos de prestigio debería simbolizarse en cuanto a ser referentes en valores de inclusión, ciudadanía y pensamiento, además de la promoción de la diversidad (permitir que todos estas escuelas sean mixtas y sean respetuosas con sus integrantes LGBTI) o la integración (a través de la incorporación de alumnos con discapacidades físicas y cognitivas).

Los proyectos educativos se enriquecerían con una visión más humana que resultadista, que pondere mejor la diversidad y el respeto al otro. Sería una educación más preocupada de formar ciudadanos y de crear cohesión social más que por los resultados académicos para fines particulares en universidades de algún grado de selectividad.

5) «Nosotros (proponemos) mantener un derecho fundamental: son los padres y no el Estado quien debe elegir el colegio de sus hijos».

5.1.) Este derecho de los padres debe estar delimitado por su responsabilidad parental de efectivamente elegir sobre parámetros de calidad académica por sobre criterios estéticos como los señalados en el punto 1.1. La negligencia parental en estas decisiones debería ser supervisada y controlada por el Estado, pues (citando a la mujer del reverendo Alegría de Los Simpson) «alguien tiene que pensar en los niños», en su futuro y en la brecha de conocimiento que puede ampliarse por la elección de tales criterios estéticos.

Lo anterior, no le quita obligación al Estado para procurar nivelar una educación pública (o bien una educación financiada con recursos públicos, si acaso se incorporan las escuelas subvencionadas sin fines de lucro al paraguas de los recursos públicos) con la calidad equivalente que impida este tipo de elecciones basadas en frivolidades y que lo importante esté siempre en lo formativo. Asimismo, al Estado le compete garantizar la mayor simetría de información posible entre los oferentes educacionales y los padres que buscan una escuela, a fin de que la información que reciban los padres sea basada en los criterios formativos.

6) «Para que la reforma de la educación funcione, se requiere el aporte de todos, sin colores políticos. (…) Necesitamos grandes acuerdos; que todos rememos para el mismo lado. La reforma educacional del gobierno está equivocada. Hagamos las cosas bien».

6.1.) Entendido el término «funcionamiento» como el acto de ejecutar las funciones que le son propias a un ente, el «funcionamiento» de una reforma no está condicionado por la cantidad de gente que la apoye o no, como tampoco por la cantidad de gente que delibere en su participación.

Por ejemplo, mal me pese en mis ideas más cercanas a la socialdemocracia, «El Ladrillo» (el programa de política económica editado en 1975 y que sirvió de norte para las políticas públicas de la dictadura cívico militar) funcionó a pesar de haber sido implantado en una dictadura y nunca se controvirtió desde quienes teóricamente detentan la soberanía, pues este ejercicio estuvo clausurado y perseguido durante el mandato de Augusto Pinochet. El «funcionamiento» tiene que ver más con disponer institucionalidades que operen adecuadamente que con cuestiones soberanas.

6.2.) Cuando el senador dice que una reforma requiere «el aporte de todos», se puede inferir que el senador asemeja una deliberación política a los criterios de una colecta. Falso. En una colecta, los aportes diversos son acumulativos toda vez que en ellos existe una unidad de medida única y homologable: dinero, sea en efectivo o en especies tasadas.

Las ideas no son igualmente acumulativas, pues los «colores políticos» difieren en magnitud electoral, en influencia política, en densidad ideológica y en rigor argumental. En consecuencia, no existe un parámetro homologable según el cual todo aporte sirva para establecer una reforma.

6.3.) Que una democracia requiera de grandes acuerdos es falaz e inexacto. Asumiendo que queremos desarrollar un modelo de democracia basado en elecciones periódicas, legislativas y presidenciales, mediante las cuales el legislativo delibera y aprueba leyes según los cuórum determinados por una Constitución (más allá de cómo esté hecha esta), sólo basta el requisito de una mayoría parlamentaria para poder aprobar leyes.

El acuerdo es concurrente siempre que no se disponga de las mayorías suficientes para poder aprobar los proyectos que correspondan. De haber tales mayorías o una cercanía hacia ellas, las negociaciones deberían tender a ser de menor magnitud, pues los espíritus de los programas de gobierno deberán manifestarse en el resultado legislativo.

Que una mayoría sea ejercida no debe ser entendida como una ofensa hacia la minoría, sino como un estímulo para orientarse hacia una discusión que la ayude a convocar mayorías en un siguiente periodo electoral.

Durante un periodo en el cual un bando es minoría, no puede arrogarse el cogobierno como moneda de cambio de la estabilidad de un país, por cuanto tal hecho resulta una expresión velada de sedición a un gobierno cuyo apoyo a un programa fue refrendado en las urnas tanto presidenciales como legislativas.

Por lo mismo, si la minoría representa algún tipo de hegemonía, no debe utilizarla como medida de presión en caso de que las acciones de la mayoría política no le sean de su agrado o de su concordancia ideológica.

Negarse a un acuerdo por ningún motivo es ni debería ser la puerta abierta para un desorden político que pudiere conducirnos ulteriormente a una guerra civil. (Y la sola idea de imaginar la posibilidad de semejante descalabro permite tomar nota de la nostalgia de la dictadura de quien enuncia dicha frase, pues ve en una deliberación política ajena una amenaza lindante en una revolución imaginaria.)

6.4.) La frase «hagamos las cosas bien» forma parte del registro discursivo de la derecha. Sin ir más lejos, fue una de las muletillas que empleó el expresidente Sebastián Piñera en sus dos aventuras presidenciales, particularmente en la de 2009, cuando llegó a La Moneda.

Este recurso parte del supuesto que la deliberación ideológica contamina las políticas públicas, por lo cual resulta mejor y deseable buscar formas supuestamente neutrales para poder evaluar el rigor de una política pública prístina, sobre criterios de rendimiento y economización. Un cuento viejo: nuevamente, se nos aparece «El Ladrillo».

El problema es que esta asepsia pretendida no existe. Encima, esa asepsia es en sí misma un discurso ideológico y, además, representa un discurso ideológico férreamente derechista. Pretender la asepsia implica convocar a la adscripción a una ideología en sí misma por el puro capricho de que esta se autoproclama dueña de alguna virtud de «razonabilidad» que esconde tras de sí todo el disenso hacia todo lo que le parezca ajeno. Y eso es autoritariamente barsa.