¿Autoridad como antídoto a la inseguridad y el miedo?
Son los últimos minutos de una clase de biología de segundo medio en la que sólo cinco de una treintena de estudiantes hicieron algo más que dormir o jugar en el celular. Mientras me preparo para salir de la sala, ensayo en mi libreta los comentarios con los que debo lograr la difícil misión de destacar alguna fortaleza desde la cual abordar las múltiples áreas de mejora de la clase. De pronto, por encima de mi hombro aparece una llamarada voladora que cruza el cielo del salón.
La bola de papel en llamas es una de tantas historias acumuladas en 13 años dando clase y trabajando en escuelas en zonas complejas en Chile y en México. Muchas de ellas revivieron en mi mente después de leer un reciente reportaje de La Tercera titulado “Mi Alumno, El Hijo de Narco“.
Una lectura entrelíneas permite interpretar esta publicación como un recurso táctico para inclinar el debate público sobre la educación chilena hacia una fórmula ya conocida: autoridad como antídoto a la inseguridad y el miedo. En este sentido, el reportaje es efectivo. A través de las vivencias de educadores se realiza una descripción de la sala de clases que impacta a todo el que no haya puesto nunca un pie en ella. Y que evoca una dolorosa familiaridad para los que pasamos por allí.
Difícil no sentir que como sociedad perdemos una batalla tan real y dura como un golpe en la mandíbula. Si la principal promesa de bienestar; integración cívica y prosperidad material que hacemos a niñas, niños y jóvenes hace aguas frente a la violencia y el crimen, ¿qué futuro nos espera? Es difícil juzgar a alguien que cae en la desesperanza después de una interpretación así.
La posibilidad de perder uno de los pilares fundamentales de nuestra paz social y convivencia democrática, tal como lo es nuestro sistema educativo, nos obliga a entender que 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮r profundamente 𝗹𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲𝗻 los contextos de mayor marginación social y económica 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼. Por la magnitud del reto, la responsabilidad de abordar las causas y los efectos del avance del crimen organizado en la vida cotidiana de gran parte de la población en Chile no puede asignarse únicamente a las comunidades escolares del país.
Sí, siempre más y mejor educación. Pero sin dejar solos a los profesores con la carga operativa y la herida moral de ser la primera línea de contención frente a nuestra violencia irresoluta. Sin dar la espalda a lo que ocurre en las familias -desde sus miedos, ansiedades y necesidades- y en nuestros barrios. Sí a la educación, pero también sí a áreas públicas seguras donde pasar tiempo en familia, hacer deporte y disfrutar del contacto con naturaleza. Sí a un transporte público limpio y confiable, a bibliotecas y centros de cultura barrial, sí a una policía integrada en la comunidad. Sí a empleos con condiciones que valoren y dignifiquen el mundo interior y los proyectos de vida de las personas.
En este sentido, la gran pregunta impulsando el debate de ideas de los distintos proyectos políticos que buscan hacerse de la mejor posición para moldear las políticas públicas en nuestro país debiera ser ¿𝗾𝘂é debemos cambiar para ser capaces de ofrecer a la población servicios y programas que permitan diluir el enorme poder que otorga al crimen organizado la capacidad de retribución inmediata con que coopta a las 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 de las que se sirve para alcanzar sus destructivos objetivos?
Responder esta pregunta requiere una reflexión profunda sobre los múltiples propósitos a los que el sistema educativo del país debe servir. Para que las escuelas sean un verdadero núcleo generador de paz y bienestar hay que ser capaces de pensarlas desde su función más simbólica -la de construir un sentido de la existencia y de la propia identidad- hasta sus funciones más estructurales como espacios de preservación y generación de conocimiento, de cuidados, de socialización y de cualificación para las cada vez más exigentes condiciones de la participación democrática y económica.
Mirar a las escuelas como elemento de solución a un desafío civilizatorio también implica debatir respecto a lo que queremos conservar, extirpar y aquello que necesitamos sumar a nuestra experiencia compartida como sociedad. Aceptando la diversidad de perspectivas valóricas que la sociedad chilena ha demostrado tener, posiciones sectarias y dogmáticas difícilmente darán el ancho. Y tampoco servirán las visiones reduccionistas que buscan someter todo a clivajes estrechos como el de autoridad versus democracia.
Proyectar el debate respecto al futuro de la educación y de la sociedad chilenas desde la angustia y el miedo puede ser un recurso táctico eficaz para los partidos políticos en el presente, pero implica costos altos para el futuro. Una respuesta profunda, sustentable y democrática a los desafíos sociales y educativos del presente sólo se encontrará afuera de la trinchera. Ya no se puede soslayar la necesidad de una acción pública integral, impulsada y coordinada por el estado, que permita de una vez por todas llevar la mayor inversión, atención y presencia posible allí donde bolas de papel en llamas vuelan por los aires.
