Balance educativo 2023

En el 2023, el sistema educativo chileno enfrentó desafíos significativos bajo un entorno político tenso. A través de este breve recuento se analizarán tres de ellos. Por una parte, la tarea de reactivar la capacidad de escuelas y liceos de ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje a niñas, niños y jóvenes. Por otra, los retos de la primera transición en el liderazgo del Mineduc durante la gestión del presidente Boric. Y por último, los ajustes al plan de implementación del sistema de educación pública. A continuación, una breve síntesis de los temas que marcaron la agenda educativa durante este año.

Reactivación Educativa

A inicios del año, el principal tema en la agenda educativa fue el relanzamiento del Plan de Reactivación Educativa. El nombramiento de Joaquín Walker como Secretario Ejecutivo del plan buscó dinamizar la gestión y aumentar la capacidad de convocar a actores diversos en la búsqueda de soluciones para enfrentar los efectos del periodo de pandemia sobre la educación.

Con el apoyo de un Consejo para la Reactivación Educativa de composición plural mandatado por el presidente Boric, se logró consolidar una agenda de prioridades claras. Los tres principales ejes fueron: velar por el bienestar socioemocional de las comunidades escolares; reforzar aprendizajes académicos fundamentales y mejorar los niveles de asistencia y revinculación.

Entre los avances de este año estuvieron el Plan Nacional de Tutorías, que logró reclutar a más de 22 mil voluntarios. Y también el despliegue de mil 100 profesionales y gestores que trabajan con distintos municipios para mejorar la asistencia y revinculación.

A pesar de los avances, persisten desafíos que deberán ser atendidos durante el 2024. En primera instancia, se debe lograr asignar mayores recursos a este plan. Junto con ello, se debe seguir mejorando el alcance e impacto de las acciones de apoyo socioemocional y académico, en especial en matemáticas. Y por último, lograr consolidar las mejora en los niveles de asistencia y revinculación.

Ambiente político y conducción Mineduc

Las disputas del ambiente político en Chile se manifestaron con fuerza en el campo educativo. Durante la primera mitad del 2023, el ministro Marco Ávila (RD) enfrentó un fuerte asedio por parte de la oposición. Un punto crítico de dicha presión se vivió durante el cambio de gabinete del mes de marzo. Tras haber superado dicho episodio, el ministro Ávila sorteó también una interpelación y una acusación constitucional. Sin embargo, semanas después se produciría la salida de Ávila, reemplazado por Nicolás Cataldo (PC).

Al nuevo ministro le tocó asumir el Ministerio de Educación en un momento difícil. El mismo día de su entrada al cargo debió confrontar una movilización de trabajadores de jardines infantiles. Posteriormente, tuvo que manejar la negociación con el Colegio de Profesores, a raíz de un paro indefinido de alcance nacional. Y más recientemente, debió atender a la crisis producida por el SLEP Atacama. A pesar de estas adversidades, sus capacidades de gestión, diálogo y articulación le han permitido destrabar nudos críticos, tales como la aprobación del presupuesto para la Educación Pública para el 2024.

Evaluación y aprendizaje

El 2023 se entregaton los resultados de dos importantes evaluaciones educativas a gran escala, SIMCE y PISA. Una conclusión común a ambas es la ausencia de una caida dramática en los resultados de aprendizaje. El sistema educativo demostró resiliencia para sostener umbrales fundamentales de aprendizaje, a pesar de tres años de importantes interrupciones al servicio educativo generadas por el estallido social y la pandemia.

Aunque ambas evaluaciones confirmaron que no se experimentó una caida de significancia estadística en los resultados, la capacidad del sistema educativo de producir mejoras en los aprendizajes parece haberse estancado. Además, persisten diferencias por nivel socioeconómico y también de género, que obligan a poner foco a la construcción de mayor calidad y equidad educativas.

Educación Pública

Con el anuncio de la implementación de diez nuevos servicios locales (SLEP), en marzo de este año se llegó a una cifra de 27 SLEP en funcionamiento. De ellos, 11 ya funcionaban como administradores de jardines, escuelas y liceos. Todo esto, como parte de un proceso que debe llegar a establecer 70 servicios locales en todo el país. Sin embargo, la irrupción de la aguda crisis educativa en el SLEP Atacama puso el avance del plan original de implementación contra las cuerdas.

El análisis de la crisis del SLEP Atacama permitió identificar distintas áreas de mejora en la implementación de esta reforma. Por una parte, se encontraron defectos en el diseño original de la ley 21.040. Por otra, se destacó la dificultad de revertir la herencia de las malas gestiones municipales en materia educativa. Y por último, se visibilizaron los desafíos propios de implementar servicios públicos de excelencia en localidades alejadas de los grandes centros urbanos del país.

La presión social y del sistema político a raíz del caso de Atacama llevó a la salida del director de la Dirección de Educación Pública (DEP) Jaime Veas. Y puso en entredicho la aprobación del presupuesto 2024 para la Educación Pública. Pero a través de un intenso despliegue del Mineduc en la región y en el congreso, se logró deponer la movilización y aprobar la partida presupuestal para el próximo año.

La moneda de cambio fue el acuerdo de disminuir a sólo cuatro la cantidad de SLEP que el 2024 se harán cargo de sostener y administrar establecimientos educativos. Este escenario ofrece al gobierno y al congreso la oportunidad de encontrar nuevas y mejores formas de implementar una política pública de primera importancia estratégica.

Para lograrlo, se deben flexibilizar temas financieros y presupuestarios que limitan la capacidad de los SLEP de responder a necesidades de infraestructura y de dotación profesional de las escuelas. Ytambién deben seguir consolidándose las capacidades de apoyo técnico pedagógico, muy valoradas por las comunidades escolares en el país.

Todos estos temas debieran continuar siendo los grandes protagonistas de la discusión pública y de la gestión ministerial para el 2024. Sin la presión de aceptar o rechazar un proyecto de cambio constitucional, los liderazgos políticos deberán blindar a la educación de la crispación partidista y acordar una agenda compartida de prioridades que permita llevar más recursos y mejores capacidades a la tarea de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en Chile.