Posiblemente no serán procesados, no comparecerán ante la justicia, no darán cuenta a nadie de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que perpetraron.
Mi amiga Angelina tuvo ayer una experiencia horrorosa como madre, como ciudadana, como trabajadora, como mujer y como persona ejemplar, que nunca jamás ha empleado la violencia, física o psíquica, contra nadie. Su hijo Joshua, un joven que en ningún momento de su vida le ha levantado la mano a nadie, participó en la marcha pacífica que, paradójicamente, tuvo lugar en el día de Todos los Santos o Día de los Muertos, o sea, el 1° de noviembre de 2019. Sin que mediara la más mínima provocación de su parte y de quienes le acompañaban, fue arrestado por un pelotón de Carabineros y subido a la fuerza, con extrema brutalidad, a un retén móvil, que es como ahora llaman a los carros de la policía. Ahí todos fueron tratados como ganado, perdón, al ganado lo respetan más, o sea, fueron golpeados, apaleados, pateados, insultados, vejados y sometidos a innumerables abusos. Angelina me ha dicho, con toda la razón del mundo, que se siente avergonzada de nuestra policía, de nuestros Carabineros. Y no es para menos cuando supo lo que hacían a su hijo y a sus amigos, peor aún, cuando tuvo conocimiento, por boca de Joshua y de los demás arrestados, de la forma en que se habían comportado con ellos. Por fortuna, Joshua pudo llamar a su hermana, la hija mayor de Angelina, y ambas se dirigieron a la 19a Comisaría de Carabineros, en Miguel Claro, comuna de Providencia, donde mantenían hacinados a estos 25 muchachos y donde constantemente cometían todo tipo de actos crueles, inhumanos y degradantes contra ellos.
Los uniformados se negaron a darle todo tipo de información referente a Joshua y a los 25 jóvenes que se hallaban arrestados junto a él. Peor aún: se reían, se burlaban, miraban para el lado, se hacían los sordos y hacían caso omiso de la desesperación de los padres y familiares de los detenidos. Así, el cuadro que presentaba la 19a Comisaría de Carabineros de Chile era un cuadro de absoluta falta de respeto hacia los afectados, de total desconocimiento de los derechos básicos que asisten a las personas en custodia y a sus familiares, de indiferencia y de desprecio ante el sufrimiento motivado por su inicuo e ilegal proceder.
Por fortuna, llegaron tres estudiantes de derecho de la Universidad de Chile y un miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos -INDH-. Ellos consiguieron lo que parecía imposible, tras largas tratativas con los uniformados: la liberación de los presos, todos jóvenes inocentes de cualquiera falta, de cualquier acto contrario a la ley, de cualquier forma, aunque fuese muy remota, de comportamiento delictual. Angelina les está eternamente agradecida, porque gracias a ellos pudo reencontrarse con su hijo y conocer todas las tropelías de las que, tanto él como los demás arrestados, fueron objeto.
Desde luego y como están ahora las cosas, los verdaderos delincuentes que participaron en estos hechos, que son los policías que ilegalmente aprehendieron a estos muchachos, posiblemente no serán procesados, no comparecerán ante la justicia, no darán cuenta a nadie de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que perpetraron. Esto es más que una vergüenza, para todo el país, para la sociedad, para las autoridades que permiten esta clase de atropellos.
Soy abogado desde hace más o menos 50 años y toda mi carrera profesional la desempeñé en el Comité Pro Paz, en la Vicaría de la Solidaridad, en la Corporación de Reparación y Reconciliación, en el Programa de Derechos Humanos, en la Comisión Valech y en otros organismos que velaron y siguen velando por el cumplimiento de las garantías básicas de los chilenos, garantizados además por nuestra Constitución Política. Creía, iluso de mí, que en democracia no se repetirían las horrendas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante la dictadura. Por desgracia, estaba completamente equivocado: los sucesos que me ha descrito Angelina, en forma muy sucinta, prueban que nuestra policía ha hecho tabla rasa de sus deberes como garantes del orden y la paz y que, por el contrario, atacan en forma despiadada a manifestantes pacíficos y, no contentos con ello, después los someten a apremios, torturas, aplicación de tormentos y toda clase de atropellos, tanto físicos como psíquicos. Y estos maltratos, asimismo, se extienden a los familiares, a los amigos y a las relaciones de las víctimas.
Sin embargo, esto no quedará impune y a partir de la próxima semana, tomaré medidas para que, tanto el INDH como las personas que en Chile trabajan en pro de los Derechos Humanos, se encarguen de establecer la responsabilidad de los policías que participaron en estos abusos de poder y recurran a los organismos pertinentes, denunciándolos ante el Ministerio Público y los Tribunales y asesorándose por abogados para que entablen querellas criminales en contra de los uniformados que arrestaron y maltrataron en forma indecible a 25 muchachos inocentes.
